No podemos dejar de transmitir una sincera preocupación por la ligereza con la que algunos sectores políticos han abordado la detección de una Empresa Off Shore en la que el propio Presidente Macri, aparece como Director.

No es suficiente con las explicaciones verbales unilaterales del Presidente, ni se puede decir que estamos ante una situación normal.

La experiencia indica que la regla de una empresa inscripta en el exterior, con capitales del país de origen, es utilizarla para eludir al fisco o para lavar dinero mal habido.

Somos muchos los radicales que nos sentimos en la obligación de exigir un esclarecimiento pleno del tema. Así como somos muchos los que velamos para que la justicia investigue sin condicionantes las escandalosas y numerosas causas de corrupción de los gobiernos kirchneristas.

Suena a la Argentina que creíamos que dejábamos atrás, cuando una funcionaria como Laura Alonso, cuyo deber es investigar, lo primero que declara es la inocencia, sin siquiera haber recibido la documental sospechada.

Nosotros exigimos saber la verdad, y que el Estado cumpla con sus funciones. No puede ser que se mida con varas distintas a la corrupción, dependiendo del origen partidario del funcionario sospechado.

En general, cuando se habla de empresas offshore, se habla de dinero oculto, de dinero que se intenta eludir del control fiscal o para lavar dinero sucio. Y nuestra obligación, como radicales, es exigir que se persiga a todos los sospechados, sin distinciones ni preferencias.

Da lo mismo si lo de Macri fue hace cinco años, un mes o la semana pasada. Aligerar la gravedad de lo que apareció publicado puede terminar siendo un acto de complicidad. Y sobre todo un pésimo mensaje moral para la sociedad.

Primero porque al ciudadano se le exige cada día con mayor peso sus cumplimientos fiscales, y en segundo lugar, porque es tremendo que los protagonistas de esta historia, sean los mismos que están aplicando un ajuste brutal sobre todos los argentinos.