El radical Jorge Henn presentó un proyecto para crear un protocolo que atienda la falta de derechos de los niños, niñas y adolescentes que, mediante un ejercicio coercitivo, terminan siendo víctimas del narcotráfico. El objetivo de la normativa es ejercer la actividad preventiva para la liberación y protección de aquellos infantes hayan sido reclutados para distribuir estupefacientes.

La iniciativa tiene un antecedente directo en la justicia de Rosario. En un fallo inédito que se dio en Septiembre del 2018, un menor de 17 años que estaba confinado a un bunker sin ventanas, ni silla, ni baño, donde tenía que estar entre 12 y 48 horas seguidas vendiendo estupefacientes, fue considerado víctima de trata de personas con fines ilícitos.

Al respecto, el legislador explicó que “tenemos que dejar de tratar a estos NNyA como victimarios y entender que son víctimas de una situación donde están siendo manipulados para que comentan un ilícito. Existe una cadena de derechos vulnerados para que un adolescente termine en ese lugar. Tenemos que generar las herramientas para asegurarnos que no caigan en la necesidad de trabajar, ni en un bunker, ni en ningún lugar”.

“Mediante esta propuesta -continuó el ex vicegobernador- queremos propiciar acciones concretas que sean útiles y efectivas para evitar el sufrimiento de muchos niños y sus familias, que han caído en las telarañas de organizaciones criminales, y han sido sometidos a diferentes formas de violación de sus derechos humanos”.

Una de las funciones específicas del protocolo propuesto, es la de elaborar planes para la detección, investigación, liberación y posterior custodia y asistencia de los niños, niñas y adolescentes que ingresen al Programa.

En este sentido, el Programa deberá estar coordinado por la Ley que regula la figura de “Trata de Personas” y la Ley de “Emergencia En materia de Seguridad Pública”. Además contará con un Comité Coordinador que estará integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social, de Justicia de Menores, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo se creará un Consejo Científico ad-honorem que estará integrado por organismos y entidades abocadas a la problemática según determine la reglamentación.

Herramientas provinciales

La Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe realizó una propuesta para crear la “Agencia Provincial contra la trata de niñas y niños vinculada a las economías delictivas”. Esta Agencia tendrá a su cargo el abordaje de las situaciones de trata de niñas, niños y adolescentes, garantizando la contención, seguridad y preservación de sus derechos.

Tendrá como misión la prevención de situaciones de trata infantil y la acción inmediata para separarlos cuando se den en el ámbito provincial. Además prevé la ejecución de las acciones necesarias para restablecer los derechos vulnerados en un ámbito de convivencia familiar, comunitaria y social adecuados.

Antecedente internacional

La Defensoría del Pueblo de Colombia junto a Las Naciones Unidas hizo presentación de un Protocolo Guía para desvincular a los menores de edad que están en el conflicto armado. El documento que fue presentado bajo el nombre “Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz de Colombia”, recoge datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y pone a consideración una cifra que no puede ser pasada por alto: de los 7 millones 558 mil personas oficialmente registradas como afectadas por la confrontación (en el año 2015), un poco más de 2 millones 300 mil son niños, niñas y adolescentes.

En la última sesión ordinaria del periodo 2019, el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó finalmente la iniciativa que crea un “Registro Público Especializado de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes” basado en la necesidad de organizar la prestación del servicio profesional existente e igualar el acceso al mismo, de acuerdo a los principios de Tratados Internacionales y de nuestra Carta Magna.

Al respecto el autor de la iniciativa, Jorge Henn manifestó: “Es un avance histórico en términos de derechos de los más chicos. A partir de la promulgación de la ley será obligatorio que un niño que esté pasando por un proceso de adopción, o que sufra abuso sexual o violencia familiar, sea asistido por un abogado pagado por el Estado”.

“En este sentido -continuó el diputado- es un orgullo que nuestra legislación esté un poco más a la altura del cambio cultural que nos atraviesa. En una sociedad donde todo está cambiando, incluidos los modelos de familia, y los más chicos siguen siendo los menos escuchados”.

Según el exvicegobernador: “Con esta ley le damos prioridad al interés superior del niño y lo convertimos en reales sujetos de derechos, porque las viejas concepciones siempre hablaban de un niño con derechos, pero en la práctica no se los trataba como tales. Definitivamente salimos de las declaraciones vacías y le ponemos coherencia a nuestros textos”.

A la hora de hacer un balance del proceso mediante el cual se llegó al día de la sanción dijo: “Desde el 2016 trabajamos junto a notables especialistas en derechos de la infancia y con los Colegios de Abogados de las 5 regiones de la provincia con esta meta: asegurarle a los niños y niñas que están dentro de una disputa familiar, que no van a la escuela, que esperan en diferentes instituciones por una familia, que son sometidos al trabajo infantil o que sufren de violencia doméstica, entre otras, la defensa propia de un letrado formado y especializado”.

Una mención especial mereció el tema de la adopción donde la figura del abogado se vuelve fundamental: “Hay que tener en cuenta que el tiempo que pierde un niño no se recupera y que hasta que se dé la eventual declaración del estado de adoptabilidad, debe haber un abogado del niño que monitoree el proceso para agilizar el mismo”.

“Todavía queda mucho por hacer en tema de niñez, pero este logro es un avance sustancial para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes” finalizó el legislador radical.