En la última sesión ordinaria del periodo 2019, el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó finalmente la iniciativa que crea un “Registro Público Especializado de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes” basado en la necesidad de organizar la prestación del servicio profesional existente e igualar el acceso al mismo, de acuerdo a los principios de Tratados Internacionales y de nuestra Carta Magna.

Al respecto el autor de la iniciativa, Jorge Henn manifestó: “Es un avance histórico en términos de derechos de los más chicos. A partir de la promulgación de la ley será obligatorio que un niño que esté pasando por un proceso de adopción, o que sufra abuso sexual o violencia familiar, sea asistido por un abogado pagado por el Estado”.

“En este sentido -continuó el diputado- es un orgullo que nuestra legislación esté un poco más a la altura del cambio cultural que nos atraviesa. En una sociedad donde todo está cambiando, incluidos los modelos de familia, y los más chicos siguen siendo los menos escuchados”.

Según el exvicegobernador: “Con esta ley le damos prioridad al interés superior del niño y lo convertimos en reales sujetos de derechos, porque las viejas concepciones siempre hablaban de un niño con derechos, pero en la práctica no se los trataba como tales. Definitivamente salimos de las declaraciones vacías y le ponemos coherencia a nuestros textos”.

A la hora de hacer un balance del proceso mediante el cual se llegó al día de la sanción dijo: “Desde el 2016 trabajamos junto a notables especialistas en derechos de la infancia y con los Colegios de Abogados de las 5 regiones de la provincia con esta meta: asegurarle a los niños y niñas que están dentro de una disputa familiar, que no van a la escuela, que esperan en diferentes instituciones por una familia, que son sometidos al trabajo infantil o que sufren de violencia doméstica, entre otras, la defensa propia de un letrado formado y especializado”.

Una mención especial mereció el tema de la adopción donde la figura del abogado se vuelve fundamental: “Hay que tener en cuenta que el tiempo que pierde un niño no se recupera y que hasta que se dé la eventual declaración del estado de adoptabilidad, debe haber un abogado del niño que monitoree el proceso para agilizar el mismo”.

“Todavía queda mucho por hacer en tema de niñez, pero este logro es un avance sustancial para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes” finalizó el legislador radical.

Este jueves diputados y senadores aprobaron el pliego del Dr. Jorge Henn para que se constituya en el próximo Defensor del Pueblo del Centro-Norte de la Provincia de Santa Fe.

En sus primeras declaraciones, el elegido para ese cargo, expresó: “La Defensoría es una institución prestigiosa que viene defendiendo a los ciudadanos desde hace más de 25 años. Considero que la historia no comienza cuando uno llega, sino que las instituciones tienen una trayectoria y hay que ser respetuoso de ella. En este caso, el aporte sustancial será continuar el trabajo que se viene realizando con cercanía a los ciudadanos, poniéndonos en el lugar de ellos y defendiendo sus derechos”.

Concretamente sobre sus funciones en el espacio, Henn fue contundente: “Pienso que la Defensoría no sólo debe atender los problemas que surgan, sino que también debe tener una actitud proactiva de acercarse a las instituciones y buscar soluciones a todos los problemas: chicos y grandes. En este sentido, todos los casos van a tener la misma importancia y buscaremos soluciones con herramientas legales que ya venimos trabajando desde la Legislatura como, por ejemplo, la Ley de Acciones Colectivas”.

“Entiendo -continuó Henn- que la Defensoría no puede ser ni un ministerio del ejecutivo, ni una tribuna de la oposición, sino que tiene que estar del lado de la gente. Vamos a ejercer esta función con prudencia, que no es lo mismo que con ´connivencia´ y para ello es fundamental que la Defensoría se siga ganando el respeto del gobierno. Las decisiones que tomemos van a estar orientadas a ello”.

Avales

Cabe destacar que el pliego del radical fue acompañado por casi 700 avales de instituciones correspondientes a comercios; cooperativas de trabajadores; clubes deportivos, sociales y culturales; vecinales y vecinos autoconvocados; asociaciones de salud, educativas, civiles sin fines de lucro; instituciones religiosas; medios de comunicación, entre otras. Asimismo se recibieron notas de personas destacadas dentro del ámbito político, cultural y deportivo.

Entre las instituciones que presentaron una nota por escrito se encuentran: la Asociación Civil Anti Corrupción, Centro Comercial de Santa Fe, Asociación de Prensa de Santa Fe, ASORSAFE, Multisectorial de Mujeres, Fundación Mateo Esquivo, Confederación de Asoc. Coop. Esc Provincia Sta Fe, Colegio de Farmaceúticos, Fundación Cardiopatías Congénitas, Agrupación 2 de abril Veteranos de Guerra Santa Fe, por mencionar algunas.

Antecedentes

El Dr. Jorge Henn es abogado por la Universidad Nacional del Litoral y Magister en Asesoramiento Jurídico para Empresas por la Universidad Austral de Rosario. Como abogado ejerció la profesión entre 1994 y 2005 en el estudio Borra-Henn.

En el sector público se desempeñó como Concejal de la Ciudad de Santa Fe entre los periodos 2001-2011 siendo Presidente del Concejo en el año 2008 y Presidente de la Comisión Investigadora de Inundaciones en el año 2007. Luego fue elegido Vicegobernador en el período 2011–2015 y actualmente se encuentra finalizando su mandato como Diputado Provincial.

En este sentido, el legislador explicó: “Todos queremos que los ríos, suelos, así como el aire que respiramos estén en las mejores condiciones posibles. Para ello, además de políticas públicas también se necesita un área específica en la Justicia que investigue los posibles delitos ambientales y castigue a los culpables”.

“Para comprender la importancia de la creación de estas Fiscalías, basta con tener en cuenta lo que ocurrió recientemente con la mortandad de peces en zonas de la cuenca del Río Carcarañá o del Paraná y que provocó preocupación porque perjudica el ecosistema acuático y atenta contra la biodiversidad” explicó el legislador.

Funciones específicas

Las Fiscalías Ambientales podrán solicitar informes, recibir denuncias, abrir investigaciones civiles-ambientales, litigar en causas relacionadas a bienes ambientales y velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias emitidas en procesos donde estén en juego derechos del medioambiente, entre otros.

“Estamos proponiendo una herramienta que atiende una discusión que se está dando a nivel mundial” comentó el exvicegobernador y continuó: “Hace 2 años científicos del Conicet y UNL detectaron que en la Laguna Setubal había un promedio de 96 botellas por kilómetro y 700 fragmentos de plástico diminutos por metro cuadrado, lo que significa una de las mayores concentraciones de basura en aguas continentales del mundo”.

Dar un paso más

En junio de este año, la Corte Suprema junto al Ministerio Público de la Acusación, firmaron un convenio de trabajo para investigar este tipo de delitos ya que ingresaban las denuncias y quedaban sin atenderse por no haber fiscales especializados en la temática.

“Si bien el convenio viene a solucionar la problemática urgente, necesitamos que esto se convierta en Ley y para garantizar que perdure en el tiempo. Tenemos que velar por la protección de nuestra tierra, suelo, aire y subsuelo para las generaciones futuras” completó Henn.

Asistencia profesional

La normativa prevé la creación de un Cuerpo de Investigación Científica que prestará servicios para las cuatro Fiscalías Ambientales. Este cuerpo tendrá como función asistir a los Fiscales en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección del ambiente.

El cuerpo de investigación científica estará compuesto por tres ingenieros ambientales, un ingeniero o licenciado en química y/o un bioquímico o un médico especialista en toxicología.

En este sentido, el diputado provincial Jorge Henn expresó: “Esta modificación va a tener un fuerte impacto en la vida de la gente ya que tarde o temprano las personas firman un contrato, alquilan una casa, se casan, se separan o intentan adoptar un niño/a por sólo mencionar algunos ejemplos. Para cada una de estas situaciones necesitamos un procedimiento Civil y Comercial “.

Continuó: “Lo más importante es que lo que hoy aprobamos le va a hacer más fácil la vida cotidiana a los santafesinos. Entre los cambios más importantes quiero destacar la implementación del proceso oral por audiencia, porque permite acercar el juez a las partes en conflicto.

“La oralidad es transparencia” dijo enfático y prosiguió: “es democratización y humanización del proceso”.

“Contamos con datos de una prueba piloto realizada recientemente en Tribunales de Rosario y Santa Fe, con miras a la implementación de la oralidad efectiva y los resultados podemos decir que son alentadores. En principio, la duración de un juicio de estas características logra disminuir los plazos de resolución de un conflicto a 1 año, mientras que antes podía llevar 10”, detalló el ex vicegobernador y añadió: “Asimismo más del 99 % de los encuestados que participaron de las 2.272 audiencias que se efectuaron con esta modalidad, respondieron que estaban satisfechos con el trato recibido”.

Para finalizar el referente radical destacó: “Este acuerdo se formó con la participación de la comunidad jurídica santafesina: las cuatro universidades que tenemos en la provincia de Santa Fe, los cinco Colegios de Abogados, los empleados del Poder Judicial, el Poder Judicial, el Colegio de Magistrados, (Centro Norte y Sur), Diputados y Senadores. Prácticamente no ha quedado nadie afuera. Esto significa un esfuerzo muy importante porque son culturas jurídicas distintas”.

Principales cambios

En primer lugar, se transforman los juzgados de Primera Instancia de Circuito en Primera Instancia de Distrito, y las cámaras de Apelación de Circuito en Salas de Apelación en lo Civil y Comercial.

También se proponen varias estructuras procesales basadas en la oralidad, y la mediación, y se plantea la reorganización de las oficinas judiciales separando las funciones jurisdiccionales y administrativas.

También se introduce la notificación y el domicilio electrónico. Se incorporan todos los medios tecnológicos disponibles para avanzar en la digitalización de pruebas e informatización de trámites como el expediente digital y las oficinas digitales.

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Fuentes: Prensa Cámara de Diputados – Prensa Jorge Henn

Los cambios tecnológicos llegan a todos los ámbitos de la vida cotidiana. La justicia no debería ser ajena a ellos. En este sentido, los delitos se fueron complejizando con las nuevas tecnologías y los allanamientos dejaron de funcionar de la misma manera porque las pruebas, en muchos casos, pasaron a ser digitales. Es inminente que se renueven las herramientas de investigación para poder resolver los casos de manera eficaz.

En este marco, el diputado provincial de la UCR NEO propone realizar modificaciones al Código Procesal Penal para utilizar el allanamiento digital en el proceso de obtención de pruebas. Esta herramienta implicaría el ingreso a dispositivos electrónicos como computadoras, celulares, tablets, entre otros, con el fin de obtener evidencias digitales.

Cabe aclarar que se hará uso de este tipo de procedimiento en aquellos casos donde se cometan ciberdelitos o delitos donde se haya utilizado tecnología para llevarlos adelante. “Si estamos hablando de un cibercrimen, no podemos seguir utilizando una ley que regula los procedimientos para allanar una casa” graficó el exvicegobernador.

En lo que hace a la implementación técnica, funcionaría como un “troyano judicial”, es decir, como un software de acceso remoto al dispositivo que se quiere investigar. Asimismo, el proyecto prevé el resguardo del propietario puntualizando que para que la misma pueda ser realizada deberá existir la autorización de un juez competente con el objeto de resguardar la privacidad y evitar que un mal desempeño provoque la nulidad de la investigación.

En este sentido, Henn fue meticuloso al esgrimir que “sobre todas las cosas la normativa debe ser clara para que no se caigan en casos de abusos que terminen entorpeciendo el procedimiento o en el peor de los casos terminen anulando las pruebas por la mala obtención de las mismas. Y acá es muy importante garantizar la cadena de custodia de la evidencia digital, es decir, proteger la información obtenida para que no se las manipule y que el proceso sea transparente”.

Asimismo, el mandatario reconoció que es hora de comenzar a hablar en términos de ciberinvestigación “hoy la investigación requiere de una nueva normativa que le permita colaborar con la justicia. Las pruebas digitales en los casos de ciberdelitos o delitos graves como el narcotráfico, la pornografía infantil, trata, los delitos sexuales, terrorismo y la venta ilegal de armas, entre otros, son necesarias para agilizar los procesos y tener un sistema más eficiente”.

Conocé más de este proyecto.

La actividad tuvo lugar este martes 17 de septiembre en el Foro Santafesino (Av. Freyre 2732) y, además de la presencia del legislador radical, contó con la participación del Diputado provincial de Entre Ríos Gustavo Zavallo y la exposición de dos destacadas juristas de la vecina provincia: Yanina Yzet y María Fernanda Baima.

“Interpelar los estereotipos de género es una tarea que se construye todos los días” declaró Jorge Henn y agregó: “En los últimos años hemos asistido a una escalada de los casos de violencia intrafamiliar, principalmente del hombre contra la mujer y esto nos interpela a todos y todas”.

Aunque reconoció que aún queda mucho por hacer, el legislador, reconoció el avance que la Provincia de Santa Fe está realizando en materia de justicia y género al aprobar la semana pasada en una misma sesión la ´Ley Micaela´ – que obliga a todos los poderes públicos a capacitarse en temáticas de género- y el proyecto de su autoría para contar con un Registro de Jurisprudencia de Género.

Al momento de explicar el objetivo de su proyecto mencionó: “El objetivo es dotar a los operadores judiciales de una herramienta para llevar adelante fallos que les permitan sentar jurisprudencia de género en casos donde antes sólo se podían ver cuestiones civiles como ocurre en Entre Ríos”.

Y continuó: “La perspectiva de género puede colaborar en la modificación de estructuras patriarcales, tal como se viene haciendo desde distintos lugares de la sociedad y en este terreno es mucho lo que la política puede aportar”.

“En este sentido -continuó Henn- necesitamos que los operadores judiciales cuenten con una herramienta fundamental para hacer efectivos los tratados internacionales que nos obligan a tener política de género y una forma de lograrlo es a través de los fallos, de la jurisprudencia. Sin embargo, somos conscientes de que también se necesita audacia y valentía por parte de los operadores judiciales para poder seguir el ejemplo de Entre Ríos”.

Durante su exposición el diputado Provincia de Entre Ríos, Gustavo Zavallo señaló que aunque “queda mucho por hacer en nuestra provincia y tenemos temas pendientes en igualdad de género, desde el 2015 nos hemos abocado a generar herramientas que eleven el status de la justicia. En efecto, no sólo estamos trabajando en la adhesión a la Ley Nacional Micaela sino que propusimos agregar el Observatorio de Capacitación y Asesoramiento en Temática de Género y Violencia contra las Mujeres además de lograr la aprobación en Diputados donde se creó el Protocolo Interinstitucional de Acciones Destinadas a la Prevención, Asistencia y Recuperación de las Personas Víctimas del Delito de Trata”.

Experiencia desde la Justicia

El panel se inició con la exposición de Yanina Yzet, directora de la oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: “Siempre es muy bueno poder reunirnos porque todos somos parte de esta cultura patriarcal y machista”, refirió para luego introducirse en lo que hace a su labor: “Nosotros hacemos un relevamiento junto a la Oficina de la Mujer y tomamos ciertos indicadores. Esto nos ha permitido tener un diagnóstico de nuestra provincia y saber dónde teníamos que fortalecer el Poder que integramos”.

“Dentro de los indicadores que se detectaron – explicó la jurista- surgió una situación que no es ajena a la de otras provincias y es que no contábamos con datos estadísticos ciertos. Esto terminó dando pié a la creación y desarrolló del Rejucav (Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia) que existe desde el 2016 a partir del ingreso de datos de operadores judiciales y que ha logrado dotarse incluso con sentencias anteriores a esa fecha”.

Para la especialista el Rejuav “es una herramienta importante en cuanto a los antecedentes porque, por ejemplo, en Paraná hay cuatro Juzgados de Familia y a veces no se sabía que, pared de por medio, se estaba tramitando un caso ya iniciado en otro juzgado”.

Por su parte, Fernanda Baima como directora de la Oficina de la Mujer, se explayó sobre lo que se viene realizando desde el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos para avanzar en la temática de género, en particular respecto a la perspectiva de género. “Venimos trabajando desde el año 2015 en cuatro líneas de trabajo: la primera es la elaboración de diagnósticos, la segunda es la capacitación y sensibilización, la tercera es la elaboración de propuestas para la transversalización de la perspectiva género y la cuarta y última es la comunicación y difusión del trabajo”.

Además explicó cómo se fueron desarrollando los talleres y evolucionando en sus funciones hasta llegar a hacerlos de manera virtual, eliminando el problema del traslado de los profesionales.

Según Baima y de acuerdo a los logros alcanzados en los últimos años “nosotros no podemos más que recomendar trabajar con estas herramienta porque está probado que funcionan”.

La apertura del panel estuvo a cargo de la presidenta del Foro Santafesino, Virginia Coudannes y entre los presentes estuvieron la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Carolina Piedrabuena, el actual concejal y diputado electo Sergio “Checho” Basile, la subsecretaria de planificación territorial del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, Laura Spina y la concejala de Santo Tomé, Gabriela Solano.