La actividad tuvo lugar este martes 17 de septiembre en el Foro Santafesino (Av. Freyre 2732) y, además de la presencia del legislador radical, contó con la participación del Diputado provincial de Entre Ríos Gustavo Zavallo y la exposición de dos destacadas juristas de la vecina provincia: Yanina Yzet y María Fernanda Baima.

“Interpelar los estereotipos de género es una tarea que se construye todos los días” declaró Jorge Henn y agregó: “En los últimos años hemos asistido a una escalada de los casos de violencia intrafamiliar, principalmente del hombre contra la mujer y esto nos interpela a todos y todas”.

Aunque reconoció que aún queda mucho por hacer, el legislador, reconoció el avance que la Provincia de Santa Fe está realizando en materia de justicia y género al aprobar la semana pasada en una misma sesión la ´Ley Micaela´ – que obliga a todos los poderes públicos a capacitarse en temáticas de género- y el proyecto de su autoría para contar con un Registro de Jurisprudencia de Género.

Al momento de explicar el objetivo de su proyecto mencionó: “El objetivo es dotar a los operadores judiciales de una herramienta para llevar adelante fallos que les permitan sentar jurisprudencia de género en casos donde antes sólo se podían ver cuestiones civiles como ocurre en Entre Ríos”.

Y continuó: “La perspectiva de género puede colaborar en la modificación de estructuras patriarcales, tal como se viene haciendo desde distintos lugares de la sociedad y en este terreno es mucho lo que la política puede aportar”.

“En este sentido -continuó Henn- necesitamos que los operadores judiciales cuenten con una herramienta fundamental para hacer efectivos los tratados internacionales que nos obligan a tener política de género y una forma de lograrlo es a través de los fallos, de la jurisprudencia. Sin embargo, somos conscientes de que también se necesita audacia y valentía por parte de los operadores judiciales para poder seguir el ejemplo de Entre Ríos”.

Durante su exposición el diputado Provincia de Entre Ríos, Gustavo Zavallo señaló que aunque “queda mucho por hacer en nuestra provincia y tenemos temas pendientes en igualdad de género, desde el 2015 nos hemos abocado a generar herramientas que eleven el status de la justicia. En efecto, no sólo estamos trabajando en la adhesión a la Ley Nacional Micaela sino que propusimos agregar el Observatorio de Capacitación y Asesoramiento en Temática de Género y Violencia contra las Mujeres además de lograr la aprobación en Diputados donde se creó el Protocolo Interinstitucional de Acciones Destinadas a la Prevención, Asistencia y Recuperación de las Personas Víctimas del Delito de Trata”.

Experiencia desde la Justicia

El panel se inició con la exposición de Yanina Yzet, directora de la oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: “Siempre es muy bueno poder reunirnos porque todos somos parte de esta cultura patriarcal y machista”, refirió para luego introducirse en lo que hace a su labor: “Nosotros hacemos un relevamiento junto a la Oficina de la Mujer y tomamos ciertos indicadores. Esto nos ha permitido tener un diagnóstico de nuestra provincia y saber dónde teníamos que fortalecer el Poder que integramos”.

“Dentro de los indicadores que se detectaron – explicó la jurista- surgió una situación que no es ajena a la de otras provincias y es que no contábamos con datos estadísticos ciertos. Esto terminó dando pié a la creación y desarrolló del Rejucav (Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia) que existe desde el 2016 a partir del ingreso de datos de operadores judiciales y que ha logrado dotarse incluso con sentencias anteriores a esa fecha”.

Para la especialista el Rejuav “es una herramienta importante en cuanto a los antecedentes porque, por ejemplo, en Paraná hay cuatro Juzgados de Familia y a veces no se sabía que, pared de por medio, se estaba tramitando un caso ya iniciado en otro juzgado”.

Por su parte, Fernanda Baima como directora de la Oficina de la Mujer, se explayó sobre lo que se viene realizando desde el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos para avanzar en la temática de género, en particular respecto a la perspectiva de género. “Venimos trabajando desde el año 2015 en cuatro líneas de trabajo: la primera es la elaboración de diagnósticos, la segunda es la capacitación y sensibilización, la tercera es la elaboración de propuestas para la transversalización de la perspectiva género y la cuarta y última es la comunicación y difusión del trabajo”.

Además explicó cómo se fueron desarrollando los talleres y evolucionando en sus funciones hasta llegar a hacerlos de manera virtual, eliminando el problema del traslado de los profesionales.

Según Baima y de acuerdo a los logros alcanzados en los últimos años “nosotros no podemos más que recomendar trabajar con estas herramienta porque está probado que funcionan”.

La apertura del panel estuvo a cargo de la presidenta del Foro Santafesino, Virginia Coudannes y entre los presentes estuvieron la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Carolina Piedrabuena, el actual concejal y diputado electo Sergio “Checho” Basile, la subsecretaria de planificación territorial del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, Laura Spina y la concejala de Santo Tomé, Gabriela Solano.

En 1962 la Unesco reconoció el derecho a la belleza, tanto natural como urbana, y consideró que debe ser protegido de las acciones destructivas del hombre.

Bajo esta premisa, el legislador explicó “¿Cuántas veces sucede que una persona recuerda un lugar con determinadas características y, con el pasar de los años, se transforma hasta el punto en que ya no existe ese paisaje? Nadie puede detener el crecimiento y la expansión de las civilizaciones, pero si se puede, en esa dinámica social, proteger esos paisajes que son, ni más ni menos, que el contexto de todo”.

La propuesta busca que el Estado proteja y conserve los paisajes considerados íconos en la provincia como el de Santa Fe la Vieja o del Convento de San Lorenzo, o el del Río Paraná. También apunta a legislar sobre aquellos considerados ordinarios, en el sentido de que no reúnen valores culturales o ambientales excepcionales como ocurre en plazas, o trazas urbanas de pueblos de la Provincia que conservan ciertas características mantenidas a lo largo del tiempo.

El paisaje es -según expresa el proyecto- cualquier parte del territorio santafesino, tal como lo percibe la población y puede ser natural o cultural, según los elementos que prevalezcan en él. En este sentido, cada paisaje, sea de las características que sea, tiene su valor y su problemática particular.

“Cuando hablamos de paisaje también es necesario pensar en los cordones urbanos donde proliferan los basurales a cielo abierto o los tendidos de cables aéreos, se trata de situaciones que requieren una urgente intervención ya sea porque pueden generar peligro o marcan una acentuada degradación del paisaje” expresó el diputado.

Consulta a la ciudadanía

Como innovador, el proyecto presenta la posibilidad de otorgar a los ciudadanos herramientas que les permitan ser parte de la gestión del desarrollo de nuevos paisajes: “existen mecanismos de consulta que podemos aprovechar para que los vecinos sean también los hacedores del paisaje en el que quieren vivir” explicó el legislador.

Sobre la necesidad de presentar una ley de estas características, Henn comentó que “es importante que el estado provincial legisle respecto al paisaje porque responde al interés general de los ciudadanos”, y continuó, “todos tenemos derecho a contemplar la belleza de un paisaje, a disfrutar de la ciudad de la que formamos parte de sus fachadas, monumentos o de una mañana a cielo limpio. Lo bello está asociado al cuidado, por eso creemos que es obligación de todo gobierno velar por la belleza del entorno”.

Con esta iniciativa el legislador por la UCR-NEO continúa una clara línea de trabajo relacionada al ambiente que nuclea proyectos tales como el desarrollo de un “programa de consumo responsable y sustentable”; y uno de “buenas prácticas ambientales en la construcción”.

Ver proyecto y su estado actual en la Cámara de Diputados

Con esta ley buscamos proteger a los consumidores en particular y ciudadanos en general de prácticas abusivas por parte de Empresas o del mismo Estado. Esta herramienta se caracteriza entonces porque la sentencia será para todo el grupo perjudicado en su conjunto.

Por ejemplo: un “microdaño” lo constituye el cobro extra que hacen algunos bancos por fuera de lo pactado. Obviamente litigar por $10, $20 o $500 no tiene mucho sentido porque el usuario gastaría más en el juicio que lo que le cobran indebidamente. La realidad es que cuando son situaciones de estas características, se desincentiva la presentación judicial. En ese contexto, la idea es que haya un litigante que pueda representar a todas las personas afectadas para que ya no sea un juicio por $10 o $20 sino que se multiplique por la cantidad de afectados.

El ejemplo citado nos ayuda a comprender que las acciones colectivas son una herramienta jurídica muy útil en casos donde entablar una demanda judicial de manera individual tendría poco interés o posibilidad de tramitarse. Las acciones colectivas sirven para defenderse de empresas abusivas, para proteger bienes colectivos, así como para poner límites al propio estado.

Sin una regulación como la que se propone no hubieran sido posibles decisiones judiciales históricas como el derecho a acceder a tratamientos y medicamentos para personas con VIH, o la obligación de la limpieza del Riachuelo donde los afectados por la contaminación era una población dispersa y la posibilidad de influir de manera individual parecía imposible.

Cuando hablamos de bienes colectivos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a los microbasurales, que afectan al ambiente y la vida social de los barrios más vulnerables. En este caso el interés de la demanda sería impedir que el bien comunitario se dañe sin obtener una indemnización económica o patrimonial del recurso afectado.

Es importante recordar que las sentencias de acciones colectivas van a tener efecto contra todos los que integran el colectivo, hayan o no interpuesto la acción legal y la notificación de la sentencia deberá ser pública para que todos los afectados, puedan sumarse a la causa, si lo desean.

Entre los beneficios que cita el proyecto, el factor económico adquiere una especial relevancia, ya que una Ley de Incidencia Colectiva significa la reducción de costos en el trámite procesal, al iniciarse un solo juicio en representación de los afectados en lugar de promover juicios individuales.

También se pone en valor al mecanismo de cooperación e integración que la herramienta presupone, como ejercicio fundamental para tener una ciudadanía madura, capaz de mirar más allá de sus propios intereses.

Creemos que esta ley, sin dudas, puede ayudar a poner un freno a los poderosos, en favor de los más desprotegidos.

Actualmente en la provincia no tenemos una normativa que permita a cualquier ciudadano accionar judicialmente frente a hechos que conciernen a los intereses de todo un colectivo y sin dudas esta Ley es la herramienta que nos está faltando.

“Desde el 2016 venimos trabajando junto a notables especialistas en derechos de la infancia y con los Colegios de Abogados de las 5 regiones de la provincia con una meta clara: asegurarle a los niños y niñas que están dentro de una disputa familiar, que no van a la escuela, que esperan en diferentes instituciones por una familia, que son sometidos al trabajo infantil o que sufren de violencia doméstica, entre otras, la defensa propia de un letrado formado y especializado.

Es una satisfacción muy grande que todo el trabajo de estos años se vea reflejado en la media sanción de la ley de `Abogado del Niño´.

Con esta ley estamos poniendo a nuestra legislación a la altura del cambio cultural que nos atraviesa. La sociedad está cambiando, los modelos de familia están cambiando. En este contexto debemos reconocer que lo que significó avanzar con la ley de divorcio, de matrimonio igualitario y con la igualdad de género, no tuvo su correspondencia en los menos escuchados, que son los chicos.

Se habla mucho del interés superior del niño, pero si al momento de escucharlo se lo priva de ese derecho, lo que queda manifiesto es la interpretación de lo que el propio Tribunal entiende que es su interés y deseo, y no lo que realmente quiere el chico.

Todavía hoy sobreviven viejas concepciones del viejo patronato, donde por un lado se repite hasta el cansancio que los niños son sujetos de derechos, pero por el otro, se los trata como incapaces. Si realmente creemos que el niño es un sujeto de derecho, debemos salir de las declaraciones vacías y ponerle coherencia a nuestros textos. Eso es lo que estamos haciendo hoy.

Un jurista chileno, atravesado por el prejuicio, hablaba de “La teoría del balancín” en la cual decía que en los niños hay que balancear sus intereses y sus deseos, como si fueran opuestos, como si estuvieran disociados, como si los chicos desearan cosas que en realidad no les convienen.

Estamos orgullosos de coincidir en la necesidad de avanzar en la conquista de derechos de la niñez y adolescencia.

No vamos a dejar de insistir que los tiempos de adopción es uno de los principales problemas a abordar. El tiempo que pierde un niño no se recupera y que hasta que se dé la eventual declaración del estado de adoptabilidad, debe haber un Abogado del Niño que no permita perder ni un día en el proceso.

Hay que destacar que la figura del Abogado del Niño ya existe y se implementa en la provincia. Especialmente en juzgados de familia, pero hacía falta una norma que de alguna manera lo institucionalice, lo reglamente, que establezca definitivamente cómo se van a designar, quién será la autoridad de control, el registro y a su vez quién va a pagar los honorarios.

En las experiencias cercanas con los niños, resulta evidente la calidad del empoderamiento que logran y el cambio visible de actitud que se manifiesta una vez que son realmente escuchados, una vez que comienzan a sentirse sujetos activos dentro del conflicto que los involucra, sienten una protección mayor en cuanto al poder de decisión, un acompañamiento de un tercero, que saben que los escuchará y no manipulara sus dichos; y en todo caso, su libre voluntad de elección se refuerza.

En tema de niñez tenemos mucho por hacer pero todo lo que estamos logrando es un gran avance y confiamos en que antes de fin de año el Abogado del Niño sea Ley”.

Para lograr este objetivo, trazamos varias líneas de acción: representamos el proyecto de ley que crea la figura de abogado del niño; organizamos una jornada debate con instituciones y otros legisladores que presentaron proyectos similares; y armamos una campaña para juntar firmas con el fin de que, de una vez por todas, la legislatura apruebe una ley que cree la figura de Abogado del Niño en la provincia de Santa Fe.

Si te interesa sumarte a esta última iniciativa, tenes que ingresar al siguiente enlace: https://www.change.org/p/abogado-del-ni%C3%B1o-ya-en-santa-fe

La cita fue en el Hall de la Legislatura santafesina y, bajo la consigna “Juntos podemos cambiar la niñez de muchos y el futuro de todos”, todas las expresiones políticas nos abocamos a tratar un tema que no es abstracto, sino que tiene que ver con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados.

La jornada trató justamente de eso, de lograr que se puedan acortar los plazos que tienen que ver, en muchos casos, con decisiones que son fundamentales para la niñez y la adolescencia.

El panel técnico académico fue conformado por uno de los referentes más autorizados en la provincia sobre el tema: el Juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, Dr. Marcelo Molina; junto a la Jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Bahía Blanca, Dra. Natalia Margarita Giombi; y el Juez de Familia de Santa Fe, Dr. Rubén Cottet.

En su exposición, el Dr. Molina aclaró que “Santa Fe cuenta con abogado del niño desde el 2009, lo que necesitamos ahora es reglamentar esta figura y estipular quién será la autoridad encargada de llevar el registro, qué requisitos debe cumplir y quién va a pagar los honorarios del abogado del niño”.

Antecedentes

Al proyecto que presentamos en 2016 (ver proyecto), se sumaron, en los últimos dos años, otros cinco proyectos en similar sentido.

Patricia Chialvo, Alejandro Boscarol, Carlos del Frade, Omar Martinez y Cesira Arcando, expusieron los diferentes aspectos de sus iniciativas coincidiendo en la necesidad de proteger los intereses de cientos de niños, niñas y adolescentes en audiencias judiciales por violencia intrafamiliar, ausentismo escolar, falta de atención médica o adopción, a través de la participación de un profesional especializado.

Recientemente el Poder Ejecutivo agregó el propio como norma complementaria al futuro Código Procesal Civil y Comercial.

Estamos convencidos que este es el camino para que, en poco tiempo, tengamos en la provincia de Santa Fe, un abogado del niño que pueda garantizar el derecho que tienen los niños y niñas a ser escuchados.

Campaña

Podes sumarte a la campaña de firmas para que se trate cuanto antes esta Ley: https://www.change.org/p/abogado-del-ni%C3%B1o-ya-en-santa-fe