Desde finales de febrero, un grupo de diputados de la Provincia, venimos siguiendo con enorme preocupación, la cesación de actividades de la Refinería de San Lorenzo por falta de materia prima. La empresa, que estuvo en manos del empresario Cristóbal López hasta hace pocas semanas, entró en una nebulosa jurídica que puede determinar su cierre definitivo o su entrega a alguna empresa multinacional con intereses ligados al actual Ministro de Energía de la Nación.

Tras haber manifestado nuestra preocupación en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, la misma no sólo se centra en el incierto destino de los 400 trabajadores de la refinería de San Lorenzo, sino en un conjunto de especulaciones que rondan al problema, entre los que se encuentran, además, los riesgos ambientales de un eventual abandono, los efectos económicos en cascada que puede ocasionar su cierre, y especialmente, el impacto estratégico para la provincia de Santa Fe, en el caso de que resulte finalmente excluida de la actividad industrial petrolera.

La Refinería de San Lorenzo perteneció a la YPF estatal hasta la década del 90. Había nacido como parte sustancial de un plan de desarrollo estratégica del Estado creado por el General Enrique Mosconi, que incluía plantas en Mendoza, La Plata, Ensenada y en San Lorenzo. Ese Plan, que le imponía límites a los monopolios internacionales y defendía a la actividad petrolera como estratégica para el desarrollo del país, comenzó a derrumbarse definitivamente con la llegada de Carlos Menem al poder.

Tras la infame privatización de la Empresa, la refinería quedó en manos de Petrobras, que además de implementar un ajuste brutal sobre los trabajadores, cerró el predio polideportivo que contenía y beneficiaba a todos los trabajadores. Durante el Kirchnerismo, y en el marco del festival de distribución de los recursos que se hizo entre empresarios amigos, la Planta llegó a manos del empresario Cristóbal López.

Actualmente, la empresa Oil Combustibles se encuentra en una disputa judicial, con un embargo de la AFIP por 900 millones de pesos. Su deuda alcanzaría los 8.000 millones en concepto de retención indebida del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles.

A fines de octubre la planta de San Lorenzo fue adquirida por OP Investments, con planes para recapitalizar la firma. El secretario legal del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos Héctor Brizuela informó que “en el Juzgado Comercial Nacional Nº 4, donde se tramita el concurso de acreedores de Oil, nos presentaron un plan de reconducción empresaria propuesto por OP Investments, que es el grupo que adquirió el “Grupo Indalo”. Afip ya anticipó que no va a consentir el plan de salvataje.

La primera sospecha, fuertemente fundada en los recientes antecedentes de la propia gestión nacional, es tan obvia que termina siendo casi insultante: la Refinería es un negocio servido en bandeja para los empresarios que incluso integran el Gabinete Nacional, y que siguen siendo propietarios de acciones en la empresa Shell. La planta es la tercera productora de asfalto del país, y es curiosamente la multinacional Shell una de sus principales competidoras… ¿no es muy grosero?

Fue el propio Ministro y accionista de Shell, quien le manifestó a los dirigentes Sindicales que no debían preocuparse por el cierre de la Planta de San Lorenzo, “ya que en el 2021 se van a abrir cuatro destilerías nuevas en el país” ¿Quiénes?

En el escenario apareció otro “grupo empresario” vinculado estrechamente al gobierno del Presidente Macri en general, y en particular al cuestionado ministro y empresario Off-Shore, Luis Caputo: El Grupo El Ceibo SA.

Desde el Gobierno Nacional dan “por cerrada” a la Destilería y en consecuencia, podemos entender que la actual situación de desabastecimiento de materia prima, no es otra cosa que el primer paso hacia el cierre y el despido de sus 400 trabajadores. Que además, impactará severamente en otros 2500 que trabajan de manera indirecta con la empresa y otros 200 camioneros que se van a quedar sin su fuente laboral.

Pero no sólo se trata de eso, que de por sí es una situación de extrema gravedad, sino que además se constituye en una acción de grave impacto sobre la economía santafesina: el cierre de la Refinería implica para Santa Fe, perder su condición de Sede Industrial Petroquímica, que no es otra cosa que retroceder en nuestras aspiraciones de crecimiento industrial y volver a poner a la Provincia, en un esquema de mera proveedora de materia prima agrícola.

Además, como ya se ha informado con precisión, el actual abandono de la Planta puede ocasionar daños ambientales muy graves. El cierre implicaría la detención de las bombas instaladas para extraer el combustible que se filtra en las napas. Si esas bombas dejaran de funcionar, si esas bombas dejaran de recibir mantenimiento constante, las consecuencias sobre las napas de la zona podrían ser desastrosas. En este sentido, la Ley Ambiental de la provincia establece claramente la prohibición del abandono de una actividad, sin resolver los pasivos ambientales. A los fantasmales nuevos dueños de la empresa, es un tema que parece no importarles.

Santa Fe no puede permitir que se concrete esta maniobra y todos sus dirigentes, debemos ponernos en pie frente al intento.

Que las experiencias devastadoras de los 90, que el desguace fenomenal del negocio fácil del empresariado amigo del Kirchnerismo, no sirvan como argumentos para que nos despojen de nuestra condición de Provincia con actividades industriales únicas, como la que presta la Refinería, en un contexto de nuevos negocios particulares del gobierno de Mauricio Macri.

Es fundamental que acompañemos el reclamo de los trabajadores, pero esencialmente que informemos a toda la población santafesina sobre los efectos que las medidas del gobierno nacional pueden derivar en un futuro cercano.

Lo que está en juego es industria, es trabajo, es desarrollo, es estratégico para los intereses de todos los habitantes de la PROVINCIA. Que nuestra indolencia del pasado, que permitieron las privatizaciones del Banco de Santa Fe, el cierre de empresas emblemáticas- como la FIAT- no se repita.

Si todos reaccionamos, al menos los que entendemos que los intereses de nuestra provincia, están por encima de los del Presidente Macri y las empresas de sus amigos, podemos impedirlo. Estamos a tiempo, pero no nos sobra. Hay una empresa petrolera estatal y debe ser a través de ella y no de empresarios codiciosos e insensibles, desde donde provenga una solución.

Es imperioso, que junto al Gobernador Miguel Lifschitz, reclamemos a la reestatizada YPF, que se haga cargo de la continuidad de la destilería, por el activo en juego y porque esta, como las siete destilerias restantes que tiene el país, constituyen eslabones fundamentales de una tarea estratégica y soberana sobre la industrialización de nuestra riqueza subterranea.

Que sea YPF, en el nombre de los ideales de Mosconi, la que demuestre claramente, que la Empresa no es solamente un negocio. SINO UN VALOR REAL, sobre los que se apoyan los sueños de miles de santafesinos, y los intereses estratégicos de nuestra provincia y nuestro país.