Aprobamos con media sanción una Ley que es muy importante para todos los ciudadanos santafesinos porque legisla sobre las “Acciones de Incidencia Colectiva”. Es decir, acciones judiciales que protegen los derechos de grupos de individuos que comparten igual situación abusiva, aunque sea uno sólo el que la presenta.
Con esta ley buscamos proteger a los consumidores en particular y ciudadanos en general de prácticas abusivas por parte de Empresas o del mismo Estado. Esta herramienta se caracteriza entonces porque la sentencia será para todo el grupo perjudicado en su conjunto.
Por ejemplo: un “microdaño” lo constituye el cobro extra que hacen algunos bancos por fuera de lo pactado. Obviamente litigar por $10, $20 o $500 no tiene mucho sentido porque el usuario gastaría más en el juicio que lo que le cobran indebidamente. La realidad es que cuando son situaciones de estas características, se desincentiva la presentación judicial. En ese contexto, la idea es que haya un litigante que pueda representar a todas las personas afectadas para que ya no sea un juicio por $10 o $20 sino que se multiplique por la cantidad de afectados.
El ejemplo citado nos ayuda a comprender que las acciones colectivas son una herramienta jurídica muy útil en casos donde entablar una demanda judicial de manera individual tendría poco interés o posibilidad de tramitarse. Las acciones colectivas sirven para defenderse de empresas abusivas, para proteger bienes colectivos, así como para poner límites al propio estado.
Sin una regulación como la que se propone no hubieran sido posibles decisiones judiciales históricas como el derecho a acceder a tratamientos y medicamentos para personas con VIH, o la obligación de la limpieza del Riachuelo donde los afectados por la contaminación era una población dispersa y la posibilidad de influir de manera individual parecía imposible.
Cuando hablamos de bienes colectivos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a los microbasurales, que afectan al ambiente y la vida social de los barrios más vulnerables. En este caso el interés de la demanda sería impedir que el bien comunitario se dañe sin obtener una indemnización económica o patrimonial del recurso afectado.
Es importante recordar que las sentencias de acciones colectivas van a tener efecto contra todos los que integran el colectivo, hayan o no interpuesto la acción legal y la notificación de la sentencia deberá ser pública para que todos los afectados, puedan sumarse a la causa, si lo desean.
Entre los beneficios que cita el proyecto, el factor económico adquiere una especial relevancia, ya que una Ley de Incidencia Colectiva significa la reducción de costos en el trámite procesal, al iniciarse un solo juicio en representación de los afectados en lugar de promover juicios individuales.
También se pone en valor al mecanismo de cooperación e integración que la herramienta presupone, como ejercicio fundamental para tener una ciudadanía madura, capaz de mirar más allá de sus propios intereses.
Creemos que esta ley, sin dudas, puede ayudar a poner un freno a los poderosos, en favor de los más desprotegidos.
Actualmente en la provincia no tenemos una normativa que permita a cualquier ciudadano accionar judicialmente frente a hechos que conciernen a los intereses de todo un colectivo y sin dudas esta Ley es la herramienta que nos está faltando.
