Para poner en valor el trabajo de las cooperadoras escolares

2019-03-21T10:46:26-03:00 18/09/2018|

Presentamos un proyecto para jerarquizar el rol de las Cooperadoras Escolares porque cumplen una función vital en el mantenimiento de las instituciones educativas. Con esta iniciativa queremos fortalecer las bases para que se garantice la participación de las familias y de la comunidad educativa, adecuando la legislación provincial actual.

En concreto, se propone la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley nacional de cooperadoras escolares (N° 26.759).

El objetivo es actualizar la legislación provincial ajustando la misma a los parámetros dispuestos por la legislación nacional, en contraposición con el sistema actual erigido a partir de un decreto gubernamental.

Este proyecto cuenta con el reconocimiento del ministerio de Educación provincial y plantea que las cooperadoras escolares tengan, entre sus funciones, la de contribuir a profundizar la integración de la comunidad educativa, a la democratización de la gestión educativa y al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar. Este último punto sería colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.

Queremos destacar que el cooperativismo es una práctica y un valor que integra el ideario de una sociedad democrática. Además, en la construcción de las redes que ligan a los distintos actores a un proyecto educativo, las cooperadoras escolares tuvieron y tienen una significativa presencia.

El proyecto establece las condiciones para promover una práctica responsable de la participación, es decir, que las cooperadoras tengan la obligatoriedad de presentar un balance de cuentas y gastos, y que exista un órgano de supervisión del mismo.

También prevé espacios de intercambio y debate de los cooperadores a través de las Federaciones y Confederaciones de Cooperadoras de la Provincia de Santa Fe. El Ministerio de Educación colaborará también en la organización de encuentros provinciales anuales entre los representantes de cada una de las Federaciones. Estos espacios contribuirán al logro de los objetivos establecidos por el proyecto de ley y configurarán canales de reflexión y deliberación.

Por otra parte, se reconoce la necesidad de un compromiso activo de las autoridades educativas con las cooperadoras. Se establece que es obligación del Ministerio la difusión de la normativa y el arbitrar los medios para la creación y regularización de las cooperadoras.

Un poco de historia

El primer antecedente de las cooperadoras se remonta al año 1816 con la creación de la “Primera Junta Vecinal de ayuda a las Escuelas”, en la ciudad de Chascomús. En reconocimiento de esta primera asociación, se conmemora el 15 de octubre como el Día del Cooperador Escolar. Desde esta primera experiencia, la presencia de los cooperadores escolares se ha expandido, acompañando también la consolidación y extensión del sistema educativo argentino a lo largo de los siglos XIX y XX.

Esta iniciativa se enmarca en las normativas que regulan la estructuración de todo lo que compete a la participación de la comunidad educativa en los espacios institucionales. La Ley 26.206, de Educación Nacional establece en su artículo 90 que el Ministerio de Educación debe promover la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza aprendizaje y capacitación docente.

En este marco normativo, en el año 2012 el Poder Legislativo Nacional sanciona la ley 26.759 que tiene por objeto garantizar la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a través de las cooperadoras escolares.

En la provincia de Santa Fe, la norma que regula el funcionamiento de las cooperadoras escolares es del decreto 874/86. Si bien esta normativa brinda un marco de contención y de orientación de las prácticas y políticas vinculadas a las cooperadoras escolares estimamos necesario jerarquizar estas instituciones a través de la sanción de una ley provincial que se adecue a las prácticas contemporáneas de estas instituciones y recoja los parámetros establecidos por la legislación Nacional.