Estamos asistiendo a un verdadero apriete público del Gobierno Nacional para que la provincia de Santa Fe adhiera a la reforma de la ley de ART. Una norma que, no solo representa un retroceso en el derecho de los trabajadores, sino que implica quitarle responsabilidades a las grandes empresas en la propia naturaleza de sus funciones.
Esta ley, que pretende bajar los niveles de litigiosidad entre las empresas y los trabajadores, ¿a quienes favorece? Lo único que vemos es un aporte más a la flexibilización laboral, un límite más a los trabajadores para reclamar por sus derechos, y la incorporación de un procedimiento que busca obstruir el acceso a la justicia laboral de quienes resultan lesionados o incapacitados por la realización de su labor.
En muchas de las provincias que adhirieron a esta ley, ya existen fallos judiciales que la declaran inconstitucional. Paradójicamente, intenta limitar la llamada industria del juicio laboral y fomenta las declaraciones de inconstitucionalidad.
Además, si vamos a los hechos, se vuelve impracticable. En nuestra provincia, por ejemplo, existe una sola Comisión Médica que debería expedirse sobre todos los reclamos de los trabajadores. ¿No es eso demorar groseramente los tiempos de vida de los trabajadores en el marco de un reclamo, en principio, legitimo? En CABA, hoy, están dando turnos de las audiencias para determinar los niveles de incapacidad a 9 meses, mientras el trabajador, en muchos casos, sigue obligado a continuar con sus tareas, so pena de ser despedido. ¿De que avance hablamos, entonces?.
Los médicos no son empleados ni funcionarios del Estado, no tienen la estabilidad ni la independencia que le garanticen al trabajador un marco mínimo de imparcialidad. Por eso el presidente exige y alardea, pero resulta que los médicos forman parte de las nuevas trabas en el reclamo del trabajador, porque todo el sistema administrativo es financiado por los aportes de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo… ¿hablamos de bajar el riesgo o hablamos directamente de bajar las indemnizaciones laborales abruptamente?.
El Presidente no nos está invitando a adherir a una ley para mejorar nada. Nos está invitando a colaborar en un proceso de mayor flexibilización laboral y de mayor desprotección para los trabajadores.
Coincido con el ex gobernador, Antonio Bonfatti, en el sentido de que, en lugar de obstruir y limitar, lo que se debe hacer, antes que nada, es exigir condiciones adecuadas de trabajo y fomentarlas, como se viene haciendo desde el Estado santafesino con los comités de Seguridad e higiene laboral. Desde allí se limitan los riesgos, no aumentando las trabas al trabajador en su legítimo reclamo. Así se combate contra la industria del juicio, no impidiendo el reclamo, sino evitando las causas del reclamo.
Habrá que explicarles una vez más a los integrantes de Cambiemos, que los asuntos de las desigualdades sociales no se resuelven con la mano invisible del Mercado, sino con políticas públicas. No con restricciones, sino con mejoras en las condiciones laborales. El Estado debe siempre poner al hombre como eje de sus acciones y no a los beneficios privados. Allí hay una diferencia que lamentablemente el Presidente quizás no entienda, porque sólo entiende de negocios privados. Y eso se nota mucho en los resultados de su gestión.