La cultura de la precariedad ha llegado para quedarse en lo que respecta a Servicios Públicos de la ciudad de Santa Fe. Esa tremenda discrecionalidad reduce la transparencia y excluye al Concejo como auditor de las políticas públicas.
Las decisiones del municipio se caracterizan hoy, especialmente en todo lo concerniente a Servicios Públicos, por ser un festival de contratos precarios, de dudoso origen y desconocidos resultados económicos. Hasta las licitaciones se han cambiado por acuerdos precarios a espaldas del Concejo.
Estamos hablando, por ejemplo, del intento de otorgar -entre gallos y media noche- por 30 años la explotación de la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano a las empresas del ex diputado nacional y hermano de Agustín Rossi, Alejandro Rossi. Este contrato precario lejos está de aportar transparencia y excelencia en el servicios que merecemos los santafesinos.
Además, el intendente José Corral ni siquiera se fija en sus eventuales benefactores, lo cual ya resulta sospechoso, aunque suele criticarlos porque son los mismos a los que dice combatir en ese perverso “juego de la grieta”, que intenta polarizar el voto entre Ks y AntiKs, como si fueran las únicas alternativas de destino para el país.
Ni los concejales ni ningún santafesino tienen acceso a las condiciones contractuales de las líneas de colectivos urbanos. Se jactan de las obras del MetroFe, financiadas en su inicio por la gestión Kirchnerista e inauguradas a toda pompa por el presidente Macri, pero nadie sabe cuanto costó, ni cuánto nos costará a los santafesinos que nunca fuimos consultados.
Otro ejemplo bochornoso fue el intento de concretar el “Tren Urbano”, un proyecto sin ninguna clase de respaldo técnico y que también nos costo millones de pesos a los vecinos que podemos verlo estacionado a la vera de calle Rivadavia, casi como un monumento móvil a la incapacidad.
Tampoco sabemos los santafesinos por cuánto tiempo, ni en que términos se realiza la tarea de recolección de basura en la ciudad.
Luego de diez años consecutivos de gestión sería razonable que al menos contemos con esa información elemental, para saber si estamos pagando lo correcto en cada uno de estos Servicios Públicos, si las empresas que los prestan tienen las condiciones legales adecuadas o si, sencillamente, no hay otras que puedan prestar mejor y de una manera más moderna y económica los mismos.
Además, en los últimos meses, el intendente se ha caracterizado por anular el peso de las decisiones del Concejo Municipal, negándose de manera sistemática a Rendir Cuentas de cada uno de los temas por los que han sido requeridos sus funcionarios, que se sacan de encima cualquier responsabilidad atribuyéndolo a una presunta “operación de campaña”. El mismo argumento que usa el Kirchnerismo a la hora de dar explicaciones. Nada es casual.
Resulta imprescindible que avancemos hacia esquemas jurídicos serios, que garanticen sistemas de control, auditados por el Concejo y que le ponga fin a este interminable proceso de discrecionalidades que celebra el intendente. De cara a la gente, sin datos secretos o expedientes a los que no tengan accesos los ciudadanos que quieren saber.
Hay que ordenar con urgencia el sistema de Licitaciones – y cómo bien expresara el Concejal Sergio Basile- ponerle fin a todas las pruebas pilotos. Para eso hace falta una fuerte decisión política y esa es la que encarna el Frente Progresista en la ciudad.
Terminemos con los artilugios, acabemos con las prácticas poco claras y ofrezcamos a la ciudad, una manera transparente y ejemplar en la prestación de los Servicios Públicos, con un régimen normativo claro, que no siga dejando espacios a la sospecha y al negociado.