Aún resuenan los ecos del discurso presidencial en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y nos llama la atención, una vez más, el carácter que se les sigue dando a las políticas públicas, especialmente las sociales, y al lugar del Estado.

Tomemos dos ejemplos. Dijo la presidenta en su discurso: “No puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones que tengan, y que no pase nada�. Sin embargo, durante más de una década esos sectores que han buscado, y buscan, obtener visibilidad social por medio de esos cortes eran favorecidos en su accionar, cuando no alentados, por el mismo gobierno. Eran presa fácil del clientelismo oficial en sus diferentes instancias, municipal, provincial o nacional.

Muchos de estos “ciudadanos de baja intensidad� viven en situaciones de extrema privación material y son segregados social y culturalmente. Participan, y han participado, pues es la forma de mostrar su existencia. Pero esas dinámicas particularistas, clientelares, priorizan la relación con los caciques de turno; nunca son una instancia en la cual el accionar de una política está mediada por el Estado para dotar a esos compatriotas de más derechos y garantizar su ejercicio.

A esos grupos que cuestiona la presidente “no les pasa nada� si son oficialistas, pero parece que les comenzará a “pasar algo� si son opositores. El Estado continuará en gran parte ausente y sólo se hará presente en su función represiva.

Como segundo ejemplo tenemos el anuncio de política social más cercano en el tiempo: el programa Progresar, de apoyo a estudiantes, implementado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).

Un plan destinado a los jóvenes “nini�, que ni trabajan ni estudian, y que consiste en un sistema masivo de becas de educación para aquellos que están entre los 18 y 24 años de edad. Según estudios especializados, es un número de beneficiarios cercano al millón de ciudadanos, en su mayoría mujeres. El principal supuesto simplista de la iniciativa es que estos jóvenes se encuentran fuera del mercado laboral formal y de los establecimientos de enseñanza por falta de dinero.

Curiosamente entre las condiciones para mantener el beneficio no existe requisito alguno de aprobación de las materias cursadas, sino una simple presentación de un certificado de escolaridad. Entre las improvisaciones se encuentra la falta de análisis sobre el impacto de la incorporación de un número importante de jóvenes al sistema educativo sin prever las condiciones de infraestructura ni los recursos humanos y pedagógicos que serán necesarios.

Como ha analizado el investigador Aldo Isuani, repartiendo dinero no se solucionan los problemas. Nuevamente una política que debe ser de Estado se convierte en un decreto efectista que se presta a los tejes y manejes de las necesidades políticas coyunturales.

El Estado ha sido reconstruido, transformado y utilizado para ser, en gran parte, un aparato político que beneficia al Poder Ejecutivo y a un partido.

Hay otra política social posible, que considera el sistema desde una lógica más integral de protección social. En la provincia de Santa Fe, estamos desarrollando el Plan Vuelvo a Estudiar, enfocado en los jóvenes que han dejado el secundario y orientado a la inclusión socioeducativa. El Estado debe articular acciones que faciliten la reincorporación al sistema educativo de aquellos que lo dejan, para luego realizar un seguimiento de su trayecto escolar.

Considero que de los dos ejemplos analizados podemos extraer una importante lectura. La fortaleza del Estado es primordial para lograr la calidad de las políticas públicas y conseguir la inclusión social. Las políticas no pueden estar sólo ancladas a la suerte de un gobierno en particular ni tomar a los ciudadanos como rehenes de prácticas clientelistas. Las características con la que se dota a las instituciones estatales son fundamentales para hacer una sociedad más justa y solidaria. Y es allí dónde está nuestro reto como gobernantes, del oficialismo y de la oposición. La sociedad nos lo reclama.

 

Una vez más Santa Fe fue sacudida por las consecuencias de las lluvias. Hubo familias a quienes les ingresó el agua a sus casas y esto continúa siendo un tema pendiente de resolver. El Estado se desentendió durante muchos años y las consecuencias se pagan. 

Sí, puedo asegurarles que año a año estamos mejor. Que esta vez la ciudad no reaccionó igual. Hubo previsión, acción y resultados. Coordinación entre provincia y municipios que dieron como resultado que hoy no estemos lamentando víctimas fatales. ¿Alcanza? Por supuesto que no. Tenemos que perseverar para solucionar este tema, y evitar todo lo evitable

Ahora permítanme dedicarle unas líneas a una reflexión un poco más estructural del problema.

El tema de las inundaciones, a las que son vulnerables la mayor parte lo de los municipios de la argentina, tiene que dejar de ser motivo de disputa política pequeña, de críticas o imputaciones personales. Este tema, como otros tantos, no tiene una solución inmediata. Hacen falta muchos recursos para obras de infraestructura que llevan tiempo de ejecución.

Esto nos exige que comencemos a pensar, a planificar, a diseñar qué ciudades queremos para los próximos 20, 30 años.

Por otra parte, hay un componente climático que, es cierto, no podemos controlar, pero sí mitigar o atenuar. Quiero dejar claro que hay un elemento que sí depende enteramente de nuestra voluntad. Los acuerdos y las decisiones de impulsar proyectos y obras que trascenderán los mandatos que nos dio la gente para gestionar la provincia.

Destaco 5 ideas que me parecen importantes:

• 1- Las grandes lluvias, casi anormales, de los últimos días son inevitables, pero sí podemos mejorar la prevención, la información y coordinación de los organismos estatales.
• 2- La planificación del crecimiento de las ciudades es un eje central para el futuro.
• 3- Las obras necesarias para evitar catástrofes se pueden hacer con recursos y decisión, o sea, con acuerdos políticos de largo alcance sin especulaciones que conlleven el trabajo conjunto del estado municipal, provincial y nacional.
• 4- Los ciudadanos, individual y colectivamente, tenemos una cuota de responsabilidad. Hay calles que no se inundarían cuidando la limpieza de desagües y bocas de tormenta.
• 5- Cuando hay emergencias, personas en dificultades, el Estado tiene el deber de estar presente. Los funcionarios políticos tenemos que estar desde el primer momento.

Finalmente, vuelvo a remarcar este último punto, en el día a día los funcionarios debemos estar al servicio de los ciudadanos las 24hs del día. Sin dejar que la coyuntura nos nuble la construcción del futuro que anhelamos, con ciudades pensadas desde la previsibilidad y la inclusión.