Hace unos d铆as se hizo p煤blica una resoluci贸n de la Jefatura de Gabinete de Ministros (resoluci贸n 13/2013), que establece el mecanismo para que聽聽los municipios y comunas de todo el pa铆s puedan solicitar ayuda financiera聽directa聽a la Naci贸n sin tener en cuenta a los Gobiernos Provinciales.

Nos es ni m谩s ni menos que un atajo que abre el camino a una pol铆tica prebendaria, distorsiva y que premia a los amigos y castiga a quienes piensan distinto.

El decreto faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar a los gobiernos locales ayuda financiera para la ejecuci贸n de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones. En otras palabras, no establece par谩metros objetivos para solicitar las ayudas ni explica c贸mo se repartir谩n, a excepci贸n de la discrecionalidad absoluta otorgada a Juan Manuel Abal Medina, en este caso.

Decimos con convicci贸n que hay otra manera de hacer pol铆tica — que implica respetar las instituciones, fortaleciendo la democracia y sus mecanismos de funcionamiento. Por eso nosotros proponemos que se vote, y sobre todo se cumpla, una nueva ley de coparticipaci贸n y que se acuerde con las provincias la forma de reparto de los recursos con los municipios. De esa manera, en todos los niveles de gobierno sabremos lo que nos corresponde a cada uno y en funci贸n de qu茅 par谩metros.

La autonom铆a de los municipios debe estar dada por su ejecuci贸n presupuestaria, por la elecci贸n de prioridades que les son propias y por la decisi贸n de c贸mo llevar adelante sus pol铆ticas. Este decreto, en cambio, no favorece la autonom铆a municipal, ni la planificaci贸n de gastos ni mucho menos la distribuci贸n equitativa de los ingresos p煤blicos. La Naci贸n tambi茅n debe dejar de extorsionar a los Estados provinciales para que cada uno pueda desarrollar sus respectivas pol铆ticas,.

El federalismo fiscal es un planteo serio, de gesti贸n y democr谩tico. Nosotros pensamos que debe haber reglas claras en el reparto de los recursos, independientes de los signos pol铆ticos. Los fondos p煤blicos son de los ciudadanos y deben volver a ellos en obras, programas y pol铆ticas palpables. Para que esto sea posible el Estado debe garantizarles a los gobiernos provinciales y municipales un flujo de dinero fijado por ley, con par谩metros objetivos y autom谩tico. Los otros mecanismos pueden devenir extorsivos, discrecionales e ineficientes.