Cuando el pasado se coloca ante nosotros, como señaló Carlos Nino, las preguntas esenciales que nos interpelan son ¿cómo enfrentar el mal?, ¿cómo responder a las violaciones masivas de los derechos humanos?, ¿cómo hacerlo cuando son cometidos desde el Estado o por quienes cuentan con el consentimiento y la tolerancia de los gobiernos?

El 24 de marzo no es sólo un día del pasado. Recordarlo hoy cobra sentido sólo si actualizamos los valores que aprendimos de aquella tragedia, esto es, hacer una evaluación sobre la situación actual de los derechos humanos.

Los enemigos de la democracia aparecen con otros ropajes. Gran parte de la violencia actual tiene que ver con organizaciones delictivas que en algunos casos, gracias a reductos autoritarios que quedan en las instituciones policiales de todo el país, intentan con su accionar desestabilizar el orden institucional. Estos días somos testigos de los planes siniestros de estos delincuentes para amedrentar a la Justicia. Al mismo tiempo, comprobamos satisfactoriamente que la respuesta de todo el espectro político y social ha sido unánime repudiando estas amenazas y apoyando la valiente actuación de fiscales y jueces.

Muchas de las medidas que se toman cada día en el marco de la reforma policial en marcha, o la transformación del sistema procesal penal no tendrán efectos inmediatos, pero son las condiciones básicas para enfrentar estas provocaciones a la convivencia pacífica. La democracia se juega en cada paso que damos para crear mejores instituciones.

No quisiera soslayar los episodios de “justicia” por mano propia que se vivieron en Rosario, una alarma que suena en todos los despachos de quienes nos ocupamos de la cosa pública, pero, hay que decirlo también, en cada institución privada, en cada familia y ciudadano. Repudiamos estos hechos, que son la antítesis de una sociedad democrática, pacífica y tolerante.

La violencia no es patrimonio de un “ellos” indiferenciado que amenaza a un “nosotros” menos definido. Vemos a diario episodios de violencia que, aunque de menor escala, impactan en el clima social: malas actitudes en el tráfico, en las relaciones familiares y entre vecinos, entre hinchas de fútbol, en definitiva, en la vida diaria. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Asumirla es el primer paso para resolver estos problemas.

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Aún resuenan los ecos del discurso presidencial en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y nos llama la atención, una vez más, el carácter que se les sigue dando a las políticas públicas, especialmente las sociales, y al lugar del Estado.

Tomemos dos ejemplos. Dijo la presidenta en su discurso: “No puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones que tengan, y que no pase nada”. Sin embargo, durante más de una década esos sectores que han buscado, y buscan, obtener visibilidad social por medio de esos cortes eran favorecidos en su accionar, cuando no alentados, por el mismo gobierno. Eran presa fácil del clientelismo oficial en sus diferentes instancias, municipal, provincial o nacional.

Muchos de estos “ciudadanos de baja intensidad” viven en situaciones de extrema privación material y son segregados social y culturalmente. Participan, y han participado, pues es la forma de mostrar su existencia. Pero esas dinámicas particularistas, clientelares, priorizan la relación con los caciques de turno; nunca son una instancia en la cual el accionar de una política está mediada por el Estado para dotar a esos compatriotas de más derechos y garantizar su ejercicio.

A esos grupos que cuestiona la presidente “no les pasa nada” si son oficialistas, pero parece que les comenzará a “pasar algo” si son opositores. El Estado continuará en gran parte ausente y sólo se hará presente en su función represiva.

Como segundo ejemplo tenemos el anuncio de política social más cercano en el tiempo: el programa Progresar, de apoyo a estudiantes, implementado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).

Un plan destinado a los jóvenes “nini”, que ni trabajan ni estudian, y que consiste en un sistema masivo de becas de educación para aquellos que están entre los 18 y 24 años de edad. Según estudios especializados, es un número de beneficiarios cercano al millón de ciudadanos, en su mayoría mujeres. El principal supuesto simplista de la iniciativa es que estos jóvenes se encuentran fuera del mercado laboral formal y de los establecimientos de enseñanza por falta de dinero.

Curiosamente entre las condiciones para mantener el beneficio no existe requisito alguno de aprobación de las materias cursadas, sino una simple presentación de un certificado de escolaridad. Entre las improvisaciones se encuentra la falta de análisis sobre el impacto de la incorporación de un número importante de jóvenes al sistema educativo sin prever las condiciones de infraestructura ni los recursos humanos y pedagógicos que serán necesarios.

Como ha analizado el investigador Aldo Isuani, repartiendo dinero no se solucionan los problemas. Nuevamente una política que debe ser de Estado se convierte en un decreto efectista que se presta a los tejes y manejes de las necesidades políticas coyunturales.

El Estado ha sido reconstruido, transformado y utilizado para ser, en gran parte, un aparato político que beneficia al Poder Ejecutivo y a un partido.

Hay otra política social posible, que considera el sistema desde una lógica más integral de protección social. En la provincia de Santa Fe, estamos desarrollando el Plan Vuelvo a Estudiar, enfocado en los jóvenes que han dejado el secundario y orientado a la inclusión socioeducativa. El Estado debe articular acciones que faciliten la reincorporación al sistema educativo de aquellos que lo dejan, para luego realizar un seguimiento de su trayecto escolar.

Considero que de los dos ejemplos analizados podemos extraer una importante lectura. La fortaleza del Estado es primordial para lograr la calidad de las políticas públicas y conseguir la inclusión social. Las políticas no pueden estar sólo ancladas a la suerte de un gobierno en particular ni tomar a los ciudadanos como rehenes de prácticas clientelistas. Las características con la que se dota a las instituciones estatales son fundamentales para hacer una sociedad más justa y solidaria. Y es allí dónde está nuestro reto como gobernantes, del oficialismo y de la oposición. La sociedad nos lo reclama.

No lo hago desde el punto de vista técnico jurídico, por ahora, aunque es un tema que estaremos obligados a analizar con detenimiento cuando esté el proyecto sobre la mesa, y adelanto que muchos puntos del anteproyecto me resultan, en el mejor de los casos absolutamente discutibles.

Quiero sí apelar a la seriedad que tenemos que tener para la discusión de uno de los marcos jurídicos más importante después de la Constitución.

Bajo ningún punto de vista tiene que ser el primer acto de campaña de un precandidato presidencial, menos si los argumentos son el resultado de un sondeo de marketing para luego irrumpir con frases sobreactuadas, pegadizas y simplificadoras. Poco tiene de renovadora esta estrategia.

Hemos marcado muchas veces nuestros cuestionamientos al Gobierno Nacional, del cual Massa formó parte recientemente y al partido que lo integra. Pero volvemos a decir una vez más: queremos un gran cambio en Argentina, no en contra de nadie, sino una verdadera alternativa superadora, con proyectos, con propuestas de mediano y largo plazo que resuelvan los graves problemas que diagnosticamos en el país.

Entrevista a Jorge Henn, vicegobernador de la provincia. Nació en Santa Fe en 1968 y fue dos veces concejal capitalino, donde fue secretario de bloque y luego presidente del Concejo.

Como en cada viaje anterior, también en esta ocasión en que partió a India, el gobernador Antonio Bonfatti dejó su despacho abierto y a su segundo, Jorge Henn, ocupándolo con plenitud de poderes. Un gesto que uno y otro siempre han buscado enfatizar a modo de señal de buena sintonía gubernamental. «No dejó la puerta sin llave; dejó la lapicera arriba del escritorio», bromean en la Casa Gris con la misma tónica de resaltar una confianza entre gobernador y vice, que no ha abundado en la historia provincial. Un clásico de estas subrogancias de Henn en la Casa Gris, que le permiten alejarse momentáneamente del trajinar de su despacho en el Senado, es recibir a la prensa y conversar extensa y distendidamente. La Capital estuvo con el vicegobernador.

—¿Qué cambia con el nuevo índice de costo de vida?
Están revisando los datos falsos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y censos), una herramienta fundamental para la planificación económica y social. Tendrán que demostrarles a todos los argentinos que la realidad que viven tiene algún punto de conexión con los nuevos datos publicados.

—¿Significa algo más que un sinceramiento estadístico con incidencia en las cifras macroeconómicas?
Hay que esperar la evolución del nuevo índice para saber, como recién le dije, si tiene correlato con la realidad. Pero como hemos visto que no han publicado el índice de pobreza del país tenemos dudas. Con cifras reales los supuestos principales aciertos del relato (del gobierno nacional) resultarían falaces. No habría «década ganada» si ahora hay más pobres que antes.

—El gobierno dice que medios y oposición mienten por igual; ¿hay más pobres?
Bien, entonces no miremos hacia atrás. Veamos ahora. La inflación se come cada día el salario de quienes viven de un sueldo, y la discusión paritaria está contaminada por la falta de datos y la incertidumbre que generan con medidas contradictorias.

En esas condiciones, ¿realmente usted cree que hay menos pobres o que se está corriendo riesgo de más pobreza y desocupación? —¿Cómo afrontan la inflación a Santa Fe? 
En Santa Fe estamos discutiendo cómo hacer para sostener la capacidad adquisitiva de los salarios estatales sin hipotecar las obligaciones que como gobierno tenemos con el conjunto de la sociedad.

—¿Y?
Somos optimistas. Los dirigentes de (los sindicatos estatales) ATE y UPCN, como todos leímos y escuchamos, salieron de su paritaria diciendo que la oferta recibida es muy atendible. Y los gremialistas docentes de Amsafé y Sadop han dicho que es la mejor oferta salarial del país la formulada por el gobierno santafesino.

—Volviendo al índice del Indec, ¿lo que cambió es poco y nada?
Lo que cambió es que por fin el gobierno asume que hay una crisis, que no es solo cambiaria ni inflacionaria. El problema más importante es una posible recesión, porque traería ajuste y desempleo.

—No es optimista esa hipótesis, ¿instalarla dada su investidura de vicegobernador (hoy a cargo del Ejecutivo de la segunda provincia del país) no puede considerarse desestabilizadora?
El único lujo que no puede darse un gobernante es no ser realista. La realidad, tarde o temprano, lo atropellará. Queremos que (la presidenta) Cristina (Kirchner) llegue con la mejor situación económica posible al 2015, no solo porque esto es bueno para el país, también porque podemos hacer que el debate político se aparte de la urgencia del corto plazo y discutamos los temas de largo alcance que el kirchnerismo no puso en su agenda de gestión. La victimización es un ejercicio desgastante porque exige anatemizar al otro, y además paraliza.

—¿Y por casa como andamos?
Estamos gobernando y nuestra preocupación diaria es esta. Haciéndonos cargo de la realidad. En todo caso, lo que me interesa es que haya continuidad en el proyecto.

—En el Frente Progresista hay un fuerte debate acerca de quién debe encabezar esa continuidad, ¿usted también exige que sea su partido, la UCR? 
Creo que si consolidamos el frente, el tema de los candidatos pasa a ser relativo. Aunque estoy convencido de que la alternancia está en la base del funcionamiento del Frente Progresista Cívico y Social.

—Hoy usted reemplaza al gobernador Bonfatti (quien está de viaje en India) al frente del Ejecutivo y en cada viaje se encargó en enfatizar que quedaba a cargo con plenitud de poderes. Estas discusiones entre radicales y socialistas, ¿no han incidido en su relación con el gobernador? 

Hay un equipo gobernando con una única convicción, y esa virtud permite que las sustituciones temporales, normales en una gestión, no acarreen ningún tipo de suspicacia ni inconveniente de gestión. Esta es la calidad institucional que nos interesa profundizar. Un buen gobierno es aquel que puede sostener políticas más allá de la agenda de lo urgente.

—La seguridad es el talón de Aquiles de la gestión del FPCyS
Reconocemos el problema y trabajamos a diario en este tema. No hay ni habrá impunidad, la Justicia está actuando, los cabeza de bandas y sus cómplices, sean quienes sean, o están presos o van a estarlo tarde o temprano. De eso, puedo darle garantías.

—¿No cree que las acusaciones recíprocas entre ustedes y la Nación fue un pésimo mensaje a la sociedad en cuestión seguridad?
Mire, quienes gobernamos tenemos que mirar hacia adelante. Le puedo asegurar que ahora hay diálogo y trabajo conjunto con el gobierno nacional; estamos recuperando tiempo y comienzan a verse los resultados.

—¿Comienzan a verse resultados?
La reciente reforma de la Justicia, los pasos que estamos dando en la implementación de la policía comunitaria y los programas específicos de apoyo integral a barrios del gran Rosario constituyen una batería de medidas que darán resultado, no inmediatos.

—¿Cómo ve el escenario político nacional con vistas al año que viene? 
El año que viene será muy importante para el país y para todos los argentinos. Habrá elecciones presidenciales y, por tanto, todos tendremos la oportunidad de definir cómo y hacia dónde ir como sociedad. Este nivel de polarización del que tanto se habla puede tener una resolución en las urnas, donde naturalmente se tiene que dar en una democracia, pero sobre todo, por el debate previo que se dará para dirimir candidatos y proyectos. Ya nadie se podrá hacer el distraído, habrá oferta de propuestas para todos los gustos. Nosotros vamos a impulsar con fuerza y convicción una verdadera alternativa progresista y republicana, sin sectarismos, inclusiva y, sobre todo, con una experiencia concreta de gobierno como es la provincia de Santa Fe. Es verdad que falta aún terminar de «coser» las piezas de esta estructura en un frente nacional, pero veo que todos, precandidatos incluidos, están aportando una cuota importante de sentido común para no poner en riesgo esta construcción. En 30 años de esta joven democracia, el peronismo gobernó casi 23 y esperemos que vuelvan a tener una oportunidad de hacer una oposición responsable.

Dialogar entre los actores políticos, sociales y económicos es prioritario. Las recorridas por localidades y barrios; las charlas con ciudadanos, con dirigentes sociales y políticos y con los medios de prensa reflejan esta realidad.

La crisis económica que nos está golpeando, autoinfligida por el gobierno nacional, requiere de esta dinámica de intercambio de ideas y de toma de decisiones consensuadas. En eso nos comprometemos los partidos políticos de la oposición nacional, pero principalmente los integrantes del Frente Progresista.

Si analizamos las principales cuatro crisis que atravesó el país en los últimos cuarenta años, la falta de colaboración, o el extremo enfrentamiento interno, fueron la constante en la incapacidad de su resolución. Este aspecto es fundamental, pues una dificultad de esta índole, que se agrava, implica una ciudadanía que debe pagar los costos para salir de la misma. Llegar más al fondo del pozo solo beneficia a los que están arriba.

En dos de estos procesos gobernaba el PJ, en dos la UCR compartiendo en una la situación con los otros partidos de la Alianza.

La primera se desató en 1975, con una terrible sinergia entre crisis y violencia política del partido gobernante y crisis económica, nacional e internacional. Al derrumbe del gobierno justicialista, que no tuvo modo de proponer un diálogo constructivo para hallar una salida, se le sumó el golpe de Estado más sangriento de nuestra vida institucional.

La segunda crisis, en el período 1989-1990, mezcló las debilidades de un sistema político que buscaba consolidarse, con las falencias de una economía en franco deterioro. La novedad no fueron las viejas asonadas militares, aunque las hubo, sino lo que los propios medios llamaron «golpe de mercado». Y es así como los procesos hiperinflacionarios y los saqueos del final de gobierno del radicalismo y los meses iniciales del de Menem, mostraron otra vez la falta de diálogo en la clase política.

Nuestro tercer momento definitorio, que aún sigue marcando nuestras conductas individuales y sociales, fue la brutal salida de la convertibilidad en 2001. Una alianza de gobierno debilitada en su conformación, que tuvo un fuerte rechazo electoral de la ciudadanía, sólo condujo a una situación que con posterioridad postró a más de medio país en la pobreza. Nuevamente faltó el diálogo y los gobernadores fueron los árbitros de ese final anunciado.

En estos días nos enfrentamos a otra crisis y volvemos a recordar con crudeza nuestros comportamientos aprendidos en las anteriores circunstancias. La falta de incentivos de las políticas económicas nos llevan a acortar las expectativas temporales. Los salarios se debilitan y hay incertidumbre en todos los sectores.

Por esto debemos tomar uno de los aprendizajes de las crisis anteriores: cuando la clase política no logra establecer un diálogo constructivo es muy probable que los sectores económicos que ganaron en esas circunstancias anteriores vuelvan a ganar, y quienes perdieron lo hagan otra vez.

Así, se debe propiciar un urgente diálogo para la resolución de los problemas económicos que enfrentamos, dando cabida al debate en las instituciones de la democracia. Estas son el marco en el cual la clase política debe realizar este ejercicio, así lo facilitará, lo encaminará, le colocará límites.

El 30 de octubre realizamos un homenaje a los 30 años de Democracia en la Legislatura de Santa Fe con la presencia del Gobernador y parte del Gabinete. Fue un buen momento, porque en Santa Fe tenemos una excelente convivencia con la oposición: tienen mayoría tanto en Diputados como en el Senado. El diálogo y la búsqueda de consensos han sido una herramienta de cada día desde el inicio de la gestión del Frente Progresista Cívico y Social en 2007.

Hubo una parte del discurso del Diputado Luis Rubeo (PJ) a quien respeto y con quien tengo una excelente relación, con la que no estoy de acuerdo. Rubeo hizo suyas las expresiones del Presidente Néstor Kirchner en la ESMA, cuando en un acto de 2004 dijo «pido perdón de parte del Estado por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades cometidas por los represores ilegales de la última dictadura militar».

Les dejo dos artículos periodísticos: el primero es del 2004 y explica este episodio con declaraciones del propio Raúl Alfonsín, el segundo, recoge mi «enojo» por las afirmaciones de Rubeo y este tipo de lecturas del pasado cercano. No no le daría tanta importancia si sólo hubiera sido un hecho aislado. Pero muchas veces vemos que se repite este intento de imposición de un único relato de la historia, tendencioso y excluyente.

La UCR criticó la «utilización sectaria» del recuerdo del golpe

Denunció la «retórica autoritaria y reaccionaria»

Los santafesinos votaron en positivo, por un gobierno que gestiona de cara a la gente, con honestidad y compromiso. Es la alternativa que tenemos que acabar de concretar en todo el país para ser opción en 2015.

 La democracia nos vuelve a alegrar con sus jóvenes 30 años, en una elección ejemplar, con índices de participación históricos que nos hablan de la salud y voluntad participativa. La gente habló a través de las urnas, lo hizo con contundencia y su voz soberana definirá los próximos años de la política del país.

Veamos qué pasó.

Hubo un voto masivo a candidatos que independientemente de sus procedencias e historias, se expresaron como “opositores” al actual oficialismo nacional. Los candidatos del Frente para la Victoria, no fueron victoriosos en distritos donde en los últimos años gozaron de un caudal formidable de votos. Aunque el oficialismo kirchnerista perdió en la provincias más importantes, incluso en Santa Cruz, mantiene un caudal electoral importante que le permitirá, como todos queremos, finalizar este mandato en 2015, con un apoyo de legisladores suficiente aunque no absoluto.

En el mosaico opositor se comienza a delinear una nueva mayoría, que no sólo se define por oposición al “modelo K”, y que no forma parte de desprendimientos oportunistas por batallas de poder y de egos. Candidatos del Frente Progresista, y particularmente de la Unión Cívica Radical, fueron elegidos con claridad en todo el país, con un proyecto que va más allá de la dicotomía reduccionista “K – anti K” y piensan y proponen un nuevo proyecto, con ideas y dirigentes con experiencia para llevarlas adelante.

Asimismo, Santa Fe sigue demostrando al país que ya no es un laboratorio de una coalición progresista. Es, ya sin lugar a dudas, una idea programática, un proyecto que tiene que ser llevado al resto de los distritos si queremos gobernar este país en el 2015.

Felicito a todos los argentinos por una jornada electoral ejemplar, a los candidatos propios y de la oposición, a los fiscales y a los militantes, y quiero agradecer particularmente a los santafesinos por su compromiso con esta propuesta. A 30 años de la recuperación democrática festejamos con alegría y ratificamos nuestro compromiso para construir una alternativa de poder progresista en Argentina.

Les dejo una entrevista que me hizo Nelson Castro, para Radio Continental, donde hablamos sobre estos temas.

La incertidumbre a la que someten al país entero por un manejo poco transparente de la información desnuda la debilidad institucional de un modelo basado en un exacerbado personalismo y decisionismo.

Acaso no es un procedimiento normal previsto en la Constitución?

En la provincia de Santa Fe hemos tenido varias veces interinatos por viajes y gestiones que el Gobernador Antonio Bonfatti realizó en el exterior sin que ello haya dado lugar a ningún tipo de comentario ni suspicacia. Normalidad y calidad institucional son parte de los deberes pendientes de nuestra democracia y si las cabezas del Ejecutivo Nacional no actúan a la altura de las investiduras que representan, debilitan la credibilidad de todo el sistema.

De la Planilla Plurianual de contratación de obras, se aprecia  que Santa Fe continúa siendo postergada para la ejecución de nuevas obras, del total asignado para el 2014 de $ 3.861.029.653, nuestra provincia recibirá el 4,59%, que representa la mitad de lo que le correspondería si se aplicaran los índices de coparticipación.

Del análisis comparado de los importes establecidos para cada obra en los presupuestos 2013 y 2014, se corrobora la desaceleración en el tiempo, de la poca inversión.
Para graficarlo podemos analizar las obras más significativas que se vienen prometiendo en los últimos años, comparando lo presupuestado en el 2013 con lo del 2014, como ser:

Puente Reconquista Goya

Esta obra  tiene proyecto definitivo aprobado,  y pidieron su llamado a licitación los gobernadores de Santa Fe y Corrientes, el porcentaje de ejecución de obra prevista por el Presupuesto Nacional para el año 2014 es apenas del 0,21% del total de la obra.

Conexión Vial Santa Fe-Santo Tomé

Según lo que se comprometió en el Presupuesto 2010, debería estar ejecutado un 62,50% a finales del corriente año y lo previsto para el año próximo es del 0,56%

Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe 

En este caso, está previsto el 4,97% del total.

Autovía Ruta 33 Rufino-Rosario

El pasado mes de Agosto se terminaron las consultas públicas para una obra que se viene reclamando desde hace años. El porcentaje de ejecución para el próximo año es del 0,56%

Autovía Ruta 11 Recreo San Justo

El avance de obra en pesos prevista para el 2014 es del 0,56%

Autovía Ruta 34

El porcentaje de ejecución de obra prevista por el Presupuesto Nacional para el 2014 es del 1,15% y 10,57% para el 2015.

Estos son sólo un ejemplo de muchas obras más que cuentan con una previsión, diríamos, simbólica.

Una vez más, decimos convencidos, que un modelo de país democrático tiene que ser más federal. Las provincias no son un territorio al arbitrio del poder central.

Daremos todo nuestro apoyo a los diputados y senadores de la provincia que den un debate profundo en las cámaras para revertir este proyecto del ejecutivo.

(agradezco los datos y colaboración del Dip. Nacional Jorge Alvarez)

Hace unos días se hizo pública una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros (resolución 13/2013), que establece el mecanismo para que  los municipios y comunas de todo el país puedan solicitar ayuda financiera directa a la Nación sin tener en cuenta a los Gobiernos Provinciales.

Nos es ni más ni menos que un atajo que abre el camino a una política prebendaria, distorsiva y que premia a los amigos y castiga a quienes piensan distinto.

El decreto faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar a los gobiernos locales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones. En otras palabras, no establece parámetros objetivos para solicitar las ayudas ni explica cómo se repartirán, a excepción de la discrecionalidad absoluta otorgada a Juan Manuel Abal Medina, en este caso.

Decimos con convicción que hay otra manera de hacer política — que implica respetar las instituciones, fortaleciendo la democracia y sus mecanismos de funcionamiento. Por eso nosotros proponemos que se vote, y sobre todo se cumpla, una nueva ley de coparticipación y que se acuerde con las provincias la forma de reparto de los recursos con los municipios. De esa manera, en todos los niveles de gobierno sabremos lo que nos corresponde a cada uno y en función de qué parámetros.

La autonomía de los municipios debe estar dada por su ejecución presupuestaria, por la elección de prioridades que les son propias y por la decisión de cómo llevar adelante sus políticas. Este decreto, en cambio, no favorece la autonomía municipal, ni la planificación de gastos ni mucho menos la distribución equitativa de los ingresos públicos. La Nación también debe dejar de extorsionar a los Estados provinciales para que cada uno pueda desarrollar sus respectivas políticas,.

El federalismo fiscal es un planteo serio, de gestión y democrático. Nosotros pensamos que debe haber reglas claras en el reparto de los recursos, independientes de los signos políticos. Los fondos públicos son de los ciudadanos y deben volver a ellos en obras, programas y políticas palpables. Para que esto sea posible el Estado debe garantizarles a los gobiernos provinciales y municipales un flujo de dinero fijado por ley, con parámetros objetivos y automático. Los otros mecanismos pueden devenir extorsivos, discrecionales e ineficientes.