Jorge Henn

— Jorge Henn

En Santa Fe, los fondos para municipios no se reparten entre amigos en reuniones partidarias

En una reunión convocada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido con intendentes santafesinos pertenecientes al Partido Justicialista, se asignaron recursos para obras y se indicó que la administración provincial de Santa Fe discrimina a aquellas localidades que no pertenecen a la línea del Frente Progresista Cívico y Social.

En ese sentido queremos afirmar contundentemente que en Santa Fe, los fondos para municipios no se reparten entre amigos en reuniones partidarias: existe un marco legal de avanzada con fórmulas objetivas que regulan con claridad cómo se deben distribuir los recursos entre los municipios y las comunas, sean del color político que sean. Además existe el contralor de una comisión integrada por el Ejecutivo y legisladores del oficialismo y de la oposición. Nada más lejos de las actitudes del Ministro De Vido el gobierno nacional.  El principal indicador que se puede considerar para poder apreciar cuál es el nivel de esfuerzo que realiza un Estado Provincial en financiar a sus municipios y comunas es tomando el total de transferencias que realiza en relación al total de los recursos de la administración central.

Es evidente que De Vido inició la campaña política, con un slogan: Más Centralismo, Más discrecionalidad, Menos transparencia y Menos democracia”; lo grotesco habla por sí solo, un ministro y secretarios de la Nación en una reunión con miembros de su partido político reparten casi 250 millones de pesos otorgados con el único requisito de ser oficialista.

Sólo en el año 2011 la provincia de Santa Fe destinó a municipios y comunas un 16% de los recursos de la administración central, contra menos del 12% en el período 2004 – 2007 del gobierno justicialista. Las palabras del ministro son un agravante de una situación precedente: la falta de cumplimiento de la Nación del financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial,  acumulando una deuda a favor del orden de los 14 mil millones de pesos, por todo concepto.

Esta medida implementada desde el gobierno central es casi un intento desesperado por hacer pie en una provincia que ha ratificado en las urnas que quiere otro estilo de gobiernos, que dialoga, que escucha y gestiona sin prepotencia.

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